Las
organizaciones sociales, profesionales y sindicales que constituimos la Cumbre Social nos reunimos
ayer 1 de octubre para valorar la acción llevada acabo el pasado 15 de
septiembre, las últimas medidas de recorte del Gobierno y, en función
de todo ello, establecer la respuesta social necesaria para conseguir un cambio
en profundidad, tanto en las formas como en el fondo, de las políticas que se
están llevando acabo por parte del
Ejecutivo.
El tercer
encuentro de la Cumbre Social
considera un éxito la marcha-concentración celebrada el pasado 15 de septiembre tanto por la
participación registrada, como porque ofreció la oportunidad de hacer visible
la convergencia de una amplísima pluralidad de realidades perjudicadas por la
acción de gobierno. Centenares de miles de personas venidas de todos los
rincones de la península, y
representativas del diverso malestar social, se dieron cita en la plaza de
Colón. Con esta declaración, la Cumbre Social quiere expresar su más sincero
reconocimiento a todas ellas por el esfuerzo realizado y el acto de civismo que
protagonizamos. Al mismo tiempo, denuncia el burdo intento de los
representantes gubernamentales, de algunos medios de comunicación, así como de
Ministerio de Interior, por intentar minusvalorar el seguimiento real de la
convocatoria, manipular a la opinión pública y convertir cualquier expresión
del conflicto social en un problema de orden público. Basta recordar que, en
ese mismo lugar y con una asistencia menor, los que ahora pretenden
descalificarla habían asegurado reunir a millones de personas cuando la
convocatoria era organizada por el entorno del partido que ahora nos gobierna.
El tercer
encuentro de la Cumbre Social
se ratifica en la exigencia del que fue el grito más unánimemente coreado el
pasado 15S: Referéndum ya!
No hay duda de
que estamos ante un flagrante fraude electoral, como no hay duda de que el
Gobierno está adoptando medidas y decisiones políticas de gran trascendencia
para el bienestar de la mayoría social con total falta de transparencia y un
ocultismo deliberado, como está sucediendo con la “secreta” negociación del
rescate a la economía española. Esta actitud no hace otra cosa que mermar, aún
más, la confianza en las instituciones políticas de amplios sectores de la
ciudadanía y son una muestra de autoritarismo que puede acabar amenazando
seriamente la convivencia democrática. En este sentido la exigencia de que se
convoque un Referéndum sobre el programa que se está aplicando por parte del
Gobierno se convierte también en una exigencia de
regeneración democrática. La ciudadanía puede,
porque así lo contempla la Constitución, y debe
ser convocada para expresar su opinión ante situación tan grave y excepcional
por la que atravesamos.
El tercer
encuentro de la Cumbre
social ha tenido ocasión de valorar lo que en estos momentos se puede conocer
del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 y las
organizaciones presentes hemos coincidido en denunciar tanto la truculencia en
su presentación como sus contenidos. En efecto, el Gobierno ha vuelto a
incurrir en un ejercicio de funambulismo político, que no es otra cosa que un
nuevo intento de manipulación de la opinión pública al presentar el proyecto
pues ha ocultado sus verdaderas intenciones: por un lado transfiere a las CCAA
la mayor parte de la responsabilidad en el recorte del gasto social, por otro,
oculta su verdadera intención en temas tan sensibles como la revalorización de
las pensiones (medida contemplada en la legislación vigente que fue duramente
criticada por el PP cuando el anterior gobierno no la aplicó) y todo ello
intentando, como ya hizo en el caso de las elecciones en Andalucía, ganar
tiempo para poder sortear las próximas citas electorales en Galicia y País
Vasco.
De su
contenido debemos denunciar con todas nuestras fuerzas que estamos ante unos Presupuestos que van a
hundirnos más en la crisis e incrementar todavía más nuestra tasa de paro. Sólo contemplan recortes a la inversión, sacrifican los estímulos a la actividad económica y a
la creación de empleo y renuncian a una política fiscal que empezando por
perseguir decididamente el fraude permitiese incrementar los ingresos del
Estado y evitar así una nueva reducción de los gastos sociales.
Esta situación
se verá agravada por la rebaja de la partida para las prestaciones por
desempleo, que hace prever que los 450 euros del plan PREPARA dejarán de
abonarse el próximo mes de febrero cuando caduca el actual y no hay que olvidar
que lo previsto para pensiones no se incrementa más que un 1%. En unas
condiciones así solo cabe esperar que aumente la pobreza y la exclusión,
fenómenos ambos que afectan muy mayoritariamente a las mujeres, a los
inmigrantes, a los jóvenes y ahora ya, a la infancia.
En el proyecto
de Presupuestos también decrece de manera significativa la protección social, las partidas destinadas a la
dependencia, los servicios sociales, la ayuda a la cooperación al desarrollo,
al mundo rural, al medio ambiente, etc.
Estas partidas se verán aún más recortadas cuando
las CCAA tengan que elaborar sus propios Presupuestos, donde asistiremos a
nuevos recortes en educación y
sanidad,
servicios que dependen esencialmente de ellas (no podemos olvidar que ya se están planteando medidas como el copago
del transporte sanitario), habida cuenta
de que el Gobierno no les ha dado el margen de tiempo para reducir la deuda que España ha ganado de la Unión Europea.
El actual
proyecto, junto a tanto recorte en inversión y gasto social si contiene lo que
a la inmensa mayoría de la población española nos costará, en forma de deuda,
el dinero destinado a rescatar el sistema bancario.
Más crisis,
más desempleo, menos protección social y menos servicios públicos es una
ecuación funesta para la mayoría de las personas de este país de las que solo
se salvan las élites económico-financieras que se cobijan al resguardo de la
acción de gobierno.
En estas
condiciones el tercer encuentro de la
Cumbre social ha acordado:
